Para el investigado o vinculado

La defensa se libra en tres frentes a la vez.

Actuación administrativa ante la Superintendencia de Sociedades, defensa penal por los artículos 316 y 316A, y defensa patrimonial civil. El momento procesal define lo que todavía es posible.

El perímetro

La vinculación no se limita al captador.

El artículo 5 del Decreto Ley 4334 de 2008 alcanza a representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores y demás personas vinculadas directa o indirectamente a la operación, y excluye expresamente a quienes solo entregaron sus recursos. La Sentencia C-145 de 2009 condicionó la expresión «o indirectamente» para que no cobije a terceros de buena fe, como empleados y proveedores que actuaron en sus actividades lícitas ordinarias.

El captadorEl origen del esquema
AdministradoresRepresentantes legales y miembros de junta
SociosPor su participación en la operación
Revisores fiscalesPor el ejercicio del cargo durante la captación
ContadoresPor el ejercicio del cargo durante la captación
Proveedores de buena feQue contrataron con la intervenida

Si usted está en ese perímetro, su defensa no empieza discutiendo los hechos del esquema: empieza discutiendo si debe estar ahí.

La carga de la prueba

Lo que hay que desvirtuar.

Sobre los recursosPresunción legal · art. 9, núm. 15

La propiedad y el origen de los recursos aprehendidos corresponden a la actividad ilícita.

Se desvirtúa con

Trazabilidad y origen lícito de los activos. Es la única presunción del decreto (una presunción legal, según precisó la Sentencia C-145 de 2009) y, por tanto, desvirtuable con prueba positiva.

Sobre la participaciónLo que la Superintendencia suele presumir

Participación en el esquema por el solo ejercicio del cargo durante el periodo de captación.

Se desvirtúa con

La Corte Suprema ha exigido que esa vinculación se motive con un examen de la conducta concreta, y ahí está la defensa.

Dónde está su caso

La defensa cambia según el momento.

Abra la fase en la que se encuentra. No necesita leer las demás.

01

Requerimientos, visitas y actuaciones de las Superintendencias que anteceden a la declaratoria de captación. Aquí se sustenta técnicamente el modelo de negocio y se acredita la explicación financiera razonable. Es la fase en la que todavía se puede evitar la declaratoria y la suspensión.

  • Defensa en la actuación administrativa previa y sustentación técnica del modelo.
  • Recursos contra la orden de suspensión y las multas, y control judicial de la sanción.
  • Plan de desmonte voluntario preintervención, cuando la toma de posesión es inminente.
02

La toma de posesión trae nombramiento de agente interventor, remoción de administradores, congelación de activos, exigibilidad inmediata de créditos, suspensión de ejecutivos en curso y prohibición de iniciar nuevos.

  • Solicitud de exclusión y desintervención.
  • Contradicción de las presunciones sobre recursos y sobre participación.
  • Auditoría de trazabilidad y origen lícito de activos, con separación de patrimonios legítimos.
  • Objeción al inventario valorado y controversia de avalúos.
  • Suspensión de ejecuciones y cobros coactivos paralelos.
  • Defensa frente a revocatorias e ineficacias promovidas por el interventor.
  • Representación en audiencias y recursos de reposición, aclaración y adición.
  • Acciones constitucionales frente a vías de hecho, en un trámite de única instancia.
03
  • Defensa en indagación e investigación: interrogatorios, allanamientos, capturas y actos urgentes.
  • Audiencias preliminares: imputación, medida de aseguramiento y cautelares reales sobre bienes.
  • Defensa técnica en juicio oral frente a acusaciones por captación, no reintegro, estafa o lavado.
  • Ejecución penal: subrogados, prisión domiciliaria, libertad condicional y redenciones.
04
  • Defensa frente a demandas de afectados por el faltante.
  • Responsabilidad de administradores, simulaciones y acciones paulianas contra el patrimonio del cónyuge, la familia o sociedades relacionadas.
  • Conciliación y acuerdos de pago con afectados.

El estándar

La buena fe del tercero se prueba con documentos.

El artículo 7, literal c, del Decreto 4334 permite devolver bienes de personas no vinculadas a la actividad. Y la Sentencia C-145 de 2009 condicionó el artículo 5 para que la intervención no alcance a los terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, como empleados y proveedores que actuaron en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias.

Acreditar esa buena fe es un trabajo documental: contratos, controles, comunicaciones y decisiones registradas. Se construye hacia atrás y es, con frecuencia, la diferencia entre quedar dentro o fuera del perímetro.

Cuando la salida es negociada

Dos salidas que no se trabajan por separado.

Plan de desmonte en intervención. Propuesta de devolución voluntaria conforme a un cronograma (prevista en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008) que, según el Decreto 1074 de 2015, exige aval de la Superintendencia y respaldo del 75 % de los afectados. Su cumplimiento conduce a la desintervención; su incumplimiento reactiva las medidas.

Justicia penal negociada. Preacuerdos, allanamiento y principio de oportunidad. La reparación y el reintegro tienen efecto directo sobre la exposición punitiva. Coordinar la conciliación civil, la devolución administrativa y la negociación penal , y no por separado con equipos que no coordinan, es donde se juega el resultado.

Preguntas frecuentes

Preguntas de la defensa.

01¿Me pueden vincular solo por haber sido revisor fiscal o contador?

El perímetro del artículo 5 alcanza esas posiciones, pero la vinculación exige demostrar la participación en la operación: la única presunción del decreto es la del numeral 15 del artículo 9, que recae sobre la propiedad y el origen de los recursos aprehendidos y que, conforme a la Sentencia C-145 de 2009, es una presunción legal y por tanto desvirtuable.

02¿Qué diferencia hay entre el artículo 316 y el 316A?

El 316 tipifica la captación masiva y habitual, con prisión de 120 a 240 meses tras la Ley 1357 de 2009. El 316A es un tipo autónomo que sanciona el no reintegro, con pena de 96 a 180 meses. Son imputaciones distintas y admiten defensas distintas.

03¿Se puede recurrir la decisión de toma de posesión?

El procedimiento del Decreto 4334 es de única instancia y sus decisiones tienen efectos de cosa juzgada frente a todos. Eso no significa que no haya control: existen recursos dentro del trámite, control judicial de las sanciones y, frente a vías de hecho, la acción de tutela.

04¿La devolución voluntaria reduce la exposición penal?

La reparación y el reintegro tienen efecto en la justicia penal negociada. Cuánto, depende del momento procesal y de la estructura del acuerdo. Es una decisión que no debería tomarse mirando solo el frente penal.

05¿Pueden alcanzar bienes de mi cónyuge o de mis sociedades?

Es habitual que se intenten, por la vía de la simulación y de la acción pauliana. La defensa se construye acreditando origen lícito y separación real de patrimonios, y es un trabajo probatorio que conviene empezar antes de que la demanda llegue.

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